Cuando aun tenía escoltas de la AFI por amenazas de muerte, los guardias privados de mi vecino, un millonario norteamericano, preguntaron a mi escolta como conseguir armas. Cada día encontramos más grupos de seguridad privada dispuestos a llevar armas, legales o ilegales, para proteger las propiedades y personas de las familias adineradas de México, que a pesar de la inseguridad eligen quedarse en nuestro país.

Las leyes de la física dicen que todo vacío tiende a llenarse eventualmente; es así como el vacío de seguridad poco a poco es llenado por especialistas de protección personal. Ni siquiera las agencias de seguridad tradicional parecen confiables para quienes pueden pagarlas. Nada pueden contra narcotraficantes, sicarios, zetas y secuestradores profesionales fuertemente armados. El comercio de armas ilegales es una realidad.

Este fenómeno no es nuevo, Colombia pasó por la creación de cuerpos especializados que más tarde pasaron a  formar parte de grupos paramilitares  criminales llamados Autodefensas Unidas. La complejidad del tema apenas nos permite poner sobre la mesa algunas preocupaciones.

En los tiempos del famoso Tigre Azcárraga, dueño del gran emporio televisivo nacional, el ejército creó un grupo de especialistas asignados para él y para los periodistas de la empresa. Estos soldados fueron elegidos minuciosamente, entrenados como escoltas y dotados de armas, cuyos permisos se renuevan cada año luego de un examen y el registro. Nadie más que el ejército puede autorizar la asignación de armas legales para guardianes que no pertenezcan a agencias policíacas especializadas. Y sólo el ejército aprueba la portación de armas para caza deportiva o clubes de tiro. Los escoltas desarmados, lo sabemos, no son otra cosa que escudos humanos para balas, testigos de robo o secuestro, o chóferes de lujo. Los empresarios también lo saben.

Monterrey, el Distrito Federal, Sinaloa y Guadalajara son algunas de las ciudades con un mayor número de familias resguardadas por escoltas privados, la mayoría armados y entrenados para matar si es necesario. Algunos privilegiados, como la dueña de FEMSA, son escoltados por el FBI.

Cada día más empresas especializadas en valoración de riesgo (risk assesment) abren oficinas en México. Son ejecutivos altamente especializados en estrategias integrales de protección de personas y familias adineradas. Negocian rescates, investigan al personal que labora en casa o en la empresa, desde la nana hasta la secretaria. Algunos que han hecho grandes fortunas en Colombia, a raíz de la guerra contra el narco y la inseguridad resultante, han visto el potencial de México. Su creciente presencia contradice las buenas noticias que nos cuentan desde Gobernación. Más allá de la anécdota resulta imprescindible analizar las consecuencias que pueden resultar de este fenómeno de cuerpos de seguridad privada o policías paralelas. Cuando el dueño de un poderoso diario nacional dijo que huye de México por miedo, otros veinte le siguen. El nerviosismo del gobierno no es menor, los inversionistas que se expatrían por la inseguridad, eventualmente se llevaran su dinero, dejarán de invertir en nuestro país. Décadas de corrupción e impunidad revelan sus efectos, ahora contra ricos y pobres.

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