Indiferencia para proteger a periodistas

Balbina Flores

Reportera de la revista Zócalo. Corresponsal de Reporteros sin Fronteras. Investigadora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica.

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El primer mes de 2010, ha sido devastador para el ánimo de los periodistas, en el país. Para quienes deseamos con todo el corazón que este año fuera distinto, nos han derrumbado la esperanza. La tristeza y el temor que embarga a muchos colegas es indescriptible, con tres periodistas asesinados, en el primer mes del año 2010, Roberto Ochoa, El Sol de la Costa, Ayutla, Guerrero, Valentín Valdés, Zócalo de Saltillo, Coahuila y José Luis Romero, de Línea Directa, Los Mochis, Sinaloa y las frecuentes amenazas registradas en los primeros días del año.

En medio de esta hecatombe contra la prensa cada vez en mayor detrimento para la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, que cada día se ven abandonados a su suerte. Mientras en los distintos niveles de gobierno no pasa nada, los hechos hablan:

Desde abril del año pasado, en el Senado de la República, permanece congelada la reforma para federalizar los delitos contra periodistas, así como la instalación de una subcomisión aprobada hace casi dos años para dar seguimiento a las agresiones a periodistas.

El 12 de diciembre, fue aprobada la creación de la Comisión Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Cámara de Diputados, a dos meses de su aprobación a cargo de la Diputada María Yolanda Valencia, la Comisión no ha sido instalada formalmente.

En junio del 2009, la Secretaria de Gobernación hizo pública su intención de crear un Comité de Protección a Periodistas, hasta la fecha nada se sabe.

Mientras estas iniciativas y promesas siguen a la espera. En enero pasado otra iniciativa de Ley fue presentada al Pleno del Congreso de la Unión por los Senadores Mario López Velarde, Fernando Castro Trento y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionarios Institucional PRI, una iniciativa que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, con el objetivo “de salvaguardar el derecho a la información y comunicación en México y dotar de los instrumentos necesarios que permitan sentar las bases para el buen desempeño de la actividad periodística de alto riesgo y de investigación”.

Si bien la iniciativa tiene buenos planteamientos entre ellos, el de profesionalizar y brindarles garantías sociales y de protección a los periodistas. De entrada es una iniciativa de Ley que pudiera limitar la protección a los periodistas que nos se dedican estrictamente a la investigación sino solo a la información diaria en las distintas fuentes. Habrá que considerar que los periodista ahora no necesariamente están en riesgo por lo que investigan, sino solo por lo que informan cotidianamente.

La seguridad y protección de los periodistas, es un debate que hay que dar fondo. Los distinto niveles de gobierno tendrán que asumir de una vez por todas su responsabilidad. Los periodistas y los medios deberán asumir sus propios retos porque como dice Jon Lee Anderson, reportero del The New Yorker en entrevista para la revista Zócalo de febrero el primer deber de los periodistas es seguir vivos. “Es muy importante comunicar lo que está pasando, pero también estar atento a sobrevivir porque no sirve a nadie morir”.


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