Sin mucho ruido de por medio no obstante la importancia que esta tiene. El 24 de octubre el Ejecutivo Federal, entrego a la presidencia de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 Constitucional y que faculta a las autoridades federales para “conocer de los delitos del fuero común , cuando estos tengan conexidad con los delitos federales o cuando se encuentren relacionados con violaciones a los valores fundamentales de la sociedad, la seguridad nacional, los derechos humanos o la libertad de expresión y que por sus características de relevancia social , trasciendan el ámbito de los estados o del Distrito Federal”.
Ello con el fin de “generar mecanismos que permitan que los actos atentatorios contra la seguridad pública, los derechos humanos y la libertad de expresión no queden impunes”, se argumenta en el documento. Además de que con ello el gobierno estaría dando cumplimiento a sus compromisos internacionales.
Muchas interrogantes surgen a partir de esta reforma, ¿este proyecto favorece o obstaculiza la federalización de los delitos contra los periodistas? ¿el proyecto ignora las iniciativas que sobre federalización ya fueron presentadas al Congreso? . Un de las primeras reacciones a este proyecto es que es una reforma no necesaria porque plantea un mecanismo que ya está considerado en el Código Penal y de Procedimientos Penales que es el “ejercicio de la atracción federal”, en situaciones relevante y que ésta haría más lento el proceso de federalización.
Un tema relevante del proyecto es que considera los derechos humanos pero nadie se explica porque incluir aquí el de “protección a la seguridad pública y la seguridad nacional”. Si ello significa que los derechos humanos y libertad de expresión son temas de interés publico nacional bienvenida. Pero para hacer efectiva esta reforma que busca “evitar la impunidad” también deberán adecuarse las legislación tanto federal como local conjuntamente con una revisión profunda de las instancias encargadas hasta hoy de lidiar con estos temas sencibles; la Subprocuraduria de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGR y la Fiscalía para Periodistas. Por lo pronto organizaciones defensoras de los derechos humanos y periodistas no podemos quedar al margen de esta discusión, hagamos lo propio.
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