Quizá el doctor Octavio Alberto Orellano Wiarco sea un excelente abogado -como asesor y postulante-, tal vez un buen juez penal, un Notario Público sobresaliente y a lo mejor un gran académico y teórico del Derecho. Pero es probable que ni siquiera lea los periódicos. Su currículo puede resultar apantallante para un alumno de leyes, y a cualquier profesionista, no obstante carece de los antecedentes necesarios para desempeñar el delicado cargo que ahora ocupa: Fiscal Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas.
Orellano Wiarco fue designado el 14 de marzo de 2007 y lo más natural, para muchos, era concederle el beneficio de la duda, aunque no tuviera una experiencia previa como agente del Ministerio Público. A la distancia, el balance de resultados no le favorece. En términos de costo-beneficio, y de medición de eficiencia, el saldo de su gestión es negativo. Prácticamente todos los casos de periodistas víctima de homicidio permanecen impunes.
El Fiscal Especial es originario de Acámbaro, Guanajuato, pero ha desarrollado su carrera profesional en Durango y Coahuila. De acuerdo con su currículo oficial, es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Historia por la Escuela Normal Superior de México y doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. En La Laguna, durante 10 años fue abogado asesor del Banco Nacional de Crédito Agrícola (1961-1971); un par de años fue juez penal en Torreón, Coahuila (1972-1974); otros cinco fue abogado postulante (1974-1979); y, durante una década fue Notario Público (1979-1999). Durante el sexenio del gobernador Enrique Martínez y Martínez, fungió como director del Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, de 2000 a 2006. En suma, una carrera estable.
Además de que ha sido profesor en instituciones de Durango y Coahuila, la editorial Porrúa ha publicado algunos de sus libros, que se utilizan como texto en varias universidades del país (Manual de Criminología, La teoría del delito. Sistemas causalista y finalista y El delito de defraudación fiscal). Entonces, si egresó de la UNAM hace medio siglo, en 1958, y su trayectoria parece impecable, ¿qué hace investigando delitos contra periodistas?
En resumen: nada. El caso del periodista Armando Rodríguez Carreón, de El Diario de Ciudad Juárez, asesinado a tiros el 13 de noviembre de 2008 -hace dos meses-, ilustra la ineficiencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República. Al menos exhibe que tiene facultades acotadas y bastantes pretextos para no garantizar a las víctimas el derecho de acceso a la justicia. Sin contar que los legisladores dejaron para después, o para nunca, la propuesta de elevar al fuero federal los delitos contra periodistas en el recién concluido periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
El mismo 13 de noviembre, según se citó en los medios, la PGR liberó un comunicado de prensa para informar que la Fiscalía Especial “ejerció la facultad de atracción respecto del homicidio en agravio del periodista José Armando Rodríguez Carreón”, para lo cual el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a Chihuahua inició la averiguación previa PGR/CHIHUAHUA/JUÁREZ/1598/2008-VII.
Ahora sabemos que el dato es falso. Esa instancia no ha ejercido la facultad de atracción de la indagatoria. La reportera Sandra Rodríguez, de El Diario, se ha encargado de documentar que, en realidad, la investigación se encuentra en el limbo jurídico. La Procuraduría de Justicia del Estado aún tiene la carpeta de investigación original y la Fiscalía Especial sólo atraerá el caso si la delegación de la PGR en Chihuahua establece que el asesinato está ligado a la delincuencia organizada. De lo contrario, el Agente del Ministerio Público Federal básicamente determinará que no tiene competencia para investigar el homicidio y, por lo tanto, dejará que lo resuelva el fuero común.
Por eso el prestigio del doctor Octavio Alberto Orellano Wiarco se está derritiendo como una barra de hielo en el desierto. Si acaso invirtiera un poco del capital ganado en medio siglo de experiencia, para resolver los delitos contra periodistas que le corresponde perseguir por ley, seguramente su retiro profesional podría ser más honorable. En este momento, sin embargo, solo puede ser el de un funcionario gris que abonó a la impunidad en los casos de periodistas víctima de homicidio. Y la impunidad es el principal enemigo de las libertades de expresión y de prensa, no la delincuencia organizada y los poderes político y económico.

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