La política ambiental del gobierno federal da la impresión de quedarse siempre a medio camino.

Sistemáticamente presenta buenas intenciones, pero no las acompaña de
la ambición y de los mecanismos suficientes como para lograr concretarlas.

En sus respectivos momentos, el diario El Universal documentó serias fallas en ProÁrbol, mientras que Alejandro Calvillo, director de la asociación civil El Poder del Consumidor, cuestionó la congruencia y la eficacia del Programa Especial de
Cambio Climático (PECC). Ahora, metafóricamente hablando, la estrategia nacional de
sustitución de focos “Luz sustentable” deja muchas sombras.

“Luz sustentable” fue presentada el viernes pasado por Felipe Calderón. Se trata de un conjunto de acciones en colaboración con la iniciativa privada para reemplazar en
distintas etapas 30 millones de lámparas incandescentes por otras de tipo fluorescente. El objetivo es ahorrar energía eléctrica y recursos financieros, así como disminuir impactos ecológicos. No obstante, la ruta para llegar a esos loables
propósitos ya ha sido cuestionada.

Entrevistada al respecto para el portal CNN Expansión, Beatriz Olivera, responsable de la campaña de eficiencia energética de la organización Greenpeace, consideró que la estrategia anunciada por el jefe del Ejecutivo demuestra preocupación por el ambiente de parte del gobierno, pero resulta una medida insuficiente.

Olivera señaló a quien esto escribe que a estas alturas se necesita una ley que prohíba la producción y comercialización de focos, más que programas que los sustituyan por lámparas ahorradoras.

Para reforzar su opinión expuso que países como Argentina, Australia, Canadá, Cuba, Colombia, Irlanda, Nueva Zelanda y Rusia ya tienen o están en proceso promulgar
legislaciones que prohíben producir y comercializar lámparas incandescentes, que son
contaminantes porque consumen 75% más de electricidad en comparación con las fluorescentes y tienen un periodo de vida 10 veces menor.

En ese sentido, informó que Greenpeace impulsa modificar la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para que se prohíban los focos a partir del 1 de enero de 2012. Este año ya fueron presentadas dos iniciativas en la materia
ante la Cámara de Diputados, una del PVEM y otra del PAN, en cuya elaboración participó la organización ecologista.

Según Olivera, esta propuesta es apoyada por compañías como Philips y Luminova, pues pasar del uso de lámparas incandescentes al de ahorradoras “representa una
oportunidad de mercado para los empresarios”. Su conclusión fue clara: “Llevamos 18 años con programas de sustitución, ya tenemos que caminar hacia una legislación”.

Trascienda o no en el Congreso de la Unión, el polémico planteamiento de Greenpeace pone en la mesa de debate una idea: si el gobierno federal en verdad desea alcanzar
las metas de su política ambiental, convendría que escuchara a las organizaciones con mayor experiencia en el tema, que volteara a mirar lo que ocurre en otros países
y, sobre todo, que fuera más audaz en sus acciones. Una actitud así sería
consistente con el supuesto afán presidencial de abandonar la lógica de los cambios posibles para entrar a la lógica de las transformaciones de fondo.

Por otra parte, por lo anunciado el viernes se entiende que “Luz sustentable” no contempla incluir una fuerte participación social en su ejecución, lo que puede significar una grave omisión. Una estrategia que implica a los usuarios domésticos
al menos debería conllevar una amplia campaña de concienciación acerca de los beneficios económicos y ambientales que trae consigo, en este caso, sustituir focos
convencionales por lámparas ahorradoras.

Es probable que, como mencionó Beatriz Olivera, con “Luz sustentable” el gobierno esté mostrando interés en la ecología. Pero hacerlo sin el arrojo suficiente y sin convocar el apoyo de la sociedad da indicios de que este programa, como otros, se
quedará a oscuras.

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