¿De dónde sacaron los argumentos para decir que por el precepto normativo contenido en el artículo 2º, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (con su equivalente contenido en el artículo 3º, párrafo 4º del Código Electoral del Estado de Coahuila) se suspendería toda actividad cultural realizada y/o gestionada por las instituciones y dependencias culturales gubernamentales durante el período de campaña electoral?
Si uno estudia bien el contenido de estos artículos, verá que lo único que se prohíbe es, con palabras textuales, “(…) la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios y de cualquier otro ente público. Se hará una excepción únicamente cuando se trate de las campañas de información de autoridades electorales, de las relativas a servicios educativos y de salud, o de aquellas necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
Entiendo que esto se hace con la intención de evitar la influencia del poder ejecutivo —en sus tres niveles— en la decisión del voto ciudadano. Comprendo que a lo que se refiere es precisamente a que no le será permitido a ningún alcalde, gobernador o al presidente mismo que expongan ante los medios de comunicación los logros (léase puentes, carreteras, becas para niños indigentes, apoyo a la mujer vulnerable, entre otras acciones) que durante la gestión de su mandato hayan conseguido. Se agradece entonces, el detallazo de este nuevo código: fuera comerciales y spots del ejecutivo, la gente necesita replantear las verdaderas necesidades que aún se presentan en su entorno.
Lo que yo realmente —y por mucho que he leído su contenido unas diez o quince veces— no encuentro en dónde dice que también se suspenderán los programas y actividades tendientes a la formación, difusión y conservación del arte y la cultura. Leo que menciona que en caso de emergencia, el gobierno —federal, estatal o municipal— podrá dar indicaciones a través de los medios de comunicación (supuesto que ya se concretó en días recientes, con el paso de la influenza AH1N1 en nuestro país).
No y no. No hay una conexión jurídica clara y puntual en este supuesto que ordene la suspensión de la agenda cultural en tiempos electorales. En ningún momento podría considerarse que el correcto desempeño de la agenda cultural sea parte de una campaña electoral, porque, mal o bien, el alcalde, gobernador o presidente en turno ya están desempeñando esos cargos porque ya fueron electos, y sus actividades son simple y sencillamente las correspondientes a su gestión. Lo anterior queda perfectamente claro en el artículo 228 numeral 2 del código federal ya citado, así como en el artículo 203 del código coahuilense en materia electoral.
La interpretación que de este supuesto jurídico han hecho algunos estados, entre ellos Coahuila —Nuevo León y el D.F no han suspendido su cartelera cultural, por ejemplo— me parece un acto extraño e ilógico. Es como si se suspendiera la atención médica en los hospitales civiles porque estamos en tiempos de campaña electoral. O como si en las escuelas federales y estatales se dejaran de dar clases nada más porque está próximo el 5 de julio (¿los maestros haraganes —sólo los haraganes— pensarán que así funciona la cosa?).
Creo que hay demasiadas mentes en este país lo suficientemente preparadas para saber analizar y discernir los alcances de ciertos preceptos normativos expedidos. Realmente me parece una tontería la suspensión de las actividades culturales: partiendo de la hipótesis que dice que un ser humano podrá tener un juicio de valor más certero en la medida que éste tenga el conocimiento necesario para desarrollarlo, y que para esto tanto el arte y la cultura como la enseñanza son imprescindibles, dejar más de un mes en una nebulosa la mente dispersa de miles de mexicanos (que se tendrán qué aguantar con la tele las veinticuatro horas), es un ataque al corazón de la sociedad.
Por supuesto que este suceso beneficia e incluso impulsa a los colectivos de arte y cultura independientes, quienes se han puesto la camiseta para ofrecer al público eventos de calidad y con un presupuesto no muy holgado. Es plausible la actitud de muchos al querer inyectarle vida cultural y artística a la sociedad donde ellos interactúan. Pero todas sus acciones impactarían aún más si se sumaran al cauce de las acciones y programas gubernamentales que normalmente se desarrollan en cada municipio o entidad.
Me quedan aún otras preguntas: ¿Qué harán las instituciones públicas dedicadas al arte y la cultura con todo el dinero que no utilizaron en estos días? ¿En qué lo invertirán antes de que se acabe el año? Porque de que tienen qué justificar su presupuesto, tienen qué hacerlo… En noviembre habrá otras elecciones en mi estado natal, ¿eso supone que también habrá suspensión de labores culturales por esos días? Ojalá que no sean misterios sin resolver.

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