México-Honduras, países peligrosos para la prensa

Balbina Flores

Reportera de la revista Zócalo. Corresponsal de Reporteros sin Fronteras. Investigadora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica.

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En los primeros meses de 2010, México y Honduras se han convertido en los países más violentos para la prensa en América Latina. Una verdadera hecatombe para libertad de expresión que ha puesto en máxima alerta a los organismos internacionales de protección a la libertad de prensa.

En México entre el 1y 14 de marzo, dos periodistas fueron asesinados; Jorge Rábajo, Radio Rey en Reynosa, Tamaulipas y Evaristo Solís, del Semanario Visión Informativa, en Chilpancingo, Guerrero y cinco se encuentran desaparecidos, entre ellos Miguel Ángel Domínguez, reportero del periódico El Mañana, único caso que ha sido confirmado por la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, los otros cuatro, mientras no haya una denuncia por sus familiares, el hecho no existió para la Procuraduría.

Entre el 2 y 14 de marzo tres periodistas fueron asesinados en Honduras, Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora de Aguán, Canal 5, David Meza Montesinos, asesinado de manera similar, diez días después del homicidio de otro colega, Joseph Ochoa. David había recibido tres amenazas antes de su muerte por difundir información del narcotráfico en su país.

En todos estos casos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ha llamado la atención de la autoridades de ambos países y les recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Y advierte sobre “la capacidad criminal y el potencial corruptor del crimen organizado es una de las más graves amenazas a la libertad de expresión”, por lo que es “urgente que el Estado adopte mecanismos permanentes de protección para garantizar la vida y la seguridad de los comunicadores”.

Ojalá que los gobiernos no hagan caso omiso de las recomendaciones de la CIDH y que los periodistas y los medios sigan de cerca las acciones que se emprendan para revertir esta situación inaceptable.


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