Seis días después del homicidio del periodista Armando Rodríguez en Ciudad Juárez, nadie había investigado el asesinato. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR atrajo la investigación desde el primer día, pero solo mediante un comunicado de prensa. El Agente del Ministerio Público Federal apenas viajaría a la frontera este miércoles, para iniciar formalmente las indagatorias.

Así de grave está la situación de impunidad en Ciudad Juárez, donde cada vez más voces se han sumado a un S.O.S. que demanda incluso ayuda internacional. Un solo dato ilustra el clima de terror que se padece: más de mil 300 personas han sido asesinadas en lo que va del año, sin que en la mayoría de los casos se haya detenido a los responsables. Juárez está en manos de los delincuentes y ninguna acción de las fuerzas de seguridad ha resultado suficiente para contener la violencia extrema que ha tocado a todos los sectores de la frontera, más allá de ideologías, credos y condición socioeconómica.

El viernes 14, tras al asesinato de Armando Rodríguez, El Diario publicó una Carta Abierta al presidente Felipe Calderón, con copia para el gobernador de Chihuahua y el alcalde de Ciudad Juárez. En resumen, el periódico advierte que “Ciudad Juárez está bajo un estado de emergencia”. Sin embargo, afirma: “Al parecer, sólo las autoridades discrepan de esta percepción generalizada, quienes le han restado gravedad a la situación”

En consecuencia, le piden al presidente Calderón: “Como máximo gobernante de nuestro país, lo instamos a que decrete ese estado de emergencia para esta frontera y actúe en consecuencia con la potencia que esta desesperada coyuntura exige, con la verdadera fuerza del Estado que tantas veces ha expresado a través de su discurso en estos últimos dos años, mas no se ha traducido en la reacción que los mexicanos, y los juarenses en particular, hemos esperado”.

El Diario todavía va más allá: “Si el gobierno en sus tres niveles no puede ofrecernos el apoyo que necesitamos para salir de este trance en el que nos tiene sometido el crimen, que recurra a la ayuda internacional de quienes sí puedan hacerlo, haciendo a un lado pruritos inútiles en estas desesperadas circunstancias. La Organización de las Naciones Unidas e incluso el gobierno entrante de Estados Unidos cuentan con posibilidades de otorgarnos ese sustento que el Estado mexicano ha demostrado no tener”.

Pero esos “pruritos inútiles” han predominado. Hasta la fecha, nadie ha respondido al llamado de El Diario, que representa una demanda generalizada de los juarenses. Se trata, al mismo tiempo, de un grito desesperado a los Poderes de la Unión. Pero de nada sirve que los presidentes de las actuales mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores sean originarios del estado de Chihuahua (el priista César Duarte y el panista Gustavo Madero). Ninguno ha hecho eco a la propuesta.

Adicionalmente, entre el domingo 16 y el lunes 17, en medios impresos de Chihuahua y Ciudad de México, se publicó un desplegado en el que los representantes de los sectores educativo, empresarial, eclesiástico, así como 62 de 67 alcaldes del estado, le piden al presidente Calderón que aplique medidas extraordinarias en Juárez y que reoriente las estrategias de la intervención federal en la frontera. Tampoco han recibido una respuesta.

La demanda de los juarenses no debe ser soslayada por el Centro político del país. Pero tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han sido omisos en su responsabilidad Constitucional con Juárez. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla mecanismos que deben aplicarse, pero falta voluntad política para hacerlo. Y esa omisión ha resultado en una negligencia criminal cómplice de la delincuencia y de la impunidad.Desde hace meses que Ciudad Juárez se encuentra en un supuesto considerado en el Artículo 29 de la Constitución federal, el cual establece que, en los casos de “perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro [caso] que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos –con la aprobación del Congreso de la Unión y por tiempo limitado– “podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.

Por eso resulta grave la omisión en la que están incurriendo los poderes Ejecutivo y Legislativo, a cuyos titulares gana el prurito de la imagen pública y los intereses políticos y partidistas.

Entonces, si no pueden y no quieren, que utilicen los mecanismos jurídicos para que Ciudad Juárez reciba ayuda internacional de emergencia, para que se detenga el derramamiento de sangre inocente en la frontera y para que homicidios como el de Armando Rodríguez no queden impunes.

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