En un juicio civil que dura ya cuatro años. Comparecieron este lunes en una audiencia ante el juez Miguel Ángel Robles Villegas del Juzgado Vigésimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia del  Distrito Federal, dos periodistas Miguel Angel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores; el primero prologista y el segundo autor del libro La Sosa Nostra, Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, publicado en 2004.
El colmo de la prepotencia el actual diputado federal por representación proporcional del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, no solo demandó a uno de los más prestigiados periodistas de este país, también lo hizo contra la editorial Miguel Ángel Porrua a la empresa tipográfica  Libraría y el diseñador de la portada Enrique Garnica.
No conforme con este juicio ya de entrada engorroso para los periodista que tienen que dedicarle tiempo y recursos, también inició una especie de guerra en contra de su abogada Perla Gómez quien ha sido cuestionada en su ética profesional al desconocerse su firma y exigir un peritaje sobre la misma. Lo que ha dilatado indudablemente el proceso con lo que se sienta un mal precedente para los abogados que se atrevan a defender a un periodista.
Este caso me recordó el juicio que se siguió a la periodista Olga Wornat y la revista Proceso, aunque son casos distinto, ambos se enfrentan al poder político.
Quizá lo más novedoso en este caso es la incipiente pero significativa solidaridad que  se manifestó a don Miguel Ángel y Alfredo Rivera en el juzgado por parte de prestigiados periodistas, organizaciones y abogados. Hace falta muchos actos como estos para contrarrestar  el silencio, la prepotencia y el poder de quienes desde su posición política como el diputado Gerardo Sosa Castelán se escudan para inhibir la libertad de expresión y el derecho a la información.
El juicio sigue, el próximo lunes las partes han sido citadas nuevamente ante el juez para desahogar otra diligencia. El caso parece aproximarse a una resolución final lo que aquí se concluya sentará un precedente a futuro para  la defensa de los periodista en el ámbito de “daño moral”, son los juicios que al despenalizarse los delitos de prensa, serán  el instrumento inhibitorio de la libertad de expresión.

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