¿Los medios de comunicación deben divulgar los mensajes de la delincuencia organizada? Por ejemplo, el contenido de las mantas atribuidas a organizaciones criminales, las cartulinas con amenazas en contra de grupos antagónicos, o contra el Estado. ¿Y los mensajes de los secuestradores? Otra pregunta: ¿Los medios deben publicar las fotos y divulgar videos de personas que fueron degolladas, o asesinadas en la vía pública, o cuyos cadáveres fueron envueltos en cobijas o en plástico?

No hay que desgarrarse las vestiduras. Más allá de que sean correctas o no las estrategias y los planes de acción contra la delincuencia organizada (por parte de la Federación) y contra la delincuencia común (por parte de los gobiernos estatales, municipales y el Gobierno del DF), los medios también deben mirarse al espejo. Hace falta una revisión sobre el papel que están jugando en este momento, como protagonistas de una guerra que se ha trasladado a los espacios impresos y audiovisuales.

Hay situaciones novedosas que no están planteadas en los códigos de ética y que, por lo tanto, los editores no tienen un parámetro común (como el caso de las mantas con mensajes de organizaciones criminales). Por eso la necesidad de establecer nuevos mecanismos de autorregulación, no de censura. O de actualizar los que ya existen. Es deseable fomentar esa discusión no solo desde la academia, sino desde las mismas empresas, entre los periodistas, los gremios y organizaciones relacionadas con la defensa del derecho a las libertades de expresión y de prensa.

Bajo este contexto, El Universal de la Ciudad de México ha dado un paso importante. En un editorial institucional admitió que cometió un error –al publicar información no comprobada sobre un caso de secuestro– y ofreció disculpas a la familia que resultó afectada por el contenido de la nota informativa.

Su posicionamiento público es trascendente porque servirá de ejemplo a la misma empresa, a otros medios y a los sectores de opinión, que le podrán reclamar en caso de que omita el mismo parámetro cuando una persona que sienta vulnerados sus derechos no sea influyente o potentada. En su editorial intitulado “Nuestro error, familia Vargas”, del jueves 28 de agosto de 2008, El Universal publicó:

“La cobertura periodística de secuestros y las negociaciones que incluyen siempre es una de las más complicadas, tanto por la emotividad que incorpora como por la posibilidad de caer en imprecisiones. Y ese es el caso: nos equivocamos al publicar el martes un reporte sobre las negociaciones para el rescate de Silvia Vargas Escalera y hoy, públicamente, presentamos disculpas a su familia”.

“Nuestros sistemas de recolección y verificación de información fallaron el lunes. Hoy los hemos revisado y estamos en proceso de hacer los ajustes necesarios para reducir en lo posible los márgenes de riesgo, tanto de inmediato como de largo plazo”.

“No hay nada más que decir, excepto tal vez reiterar disculpas a una familia que mantuvo reserva sobre su tragedia durante 11 meses y súbitamente se vio bajo los reflectores en momentos en que el tema de los secuestros se constituía en el eje de la discusión nacional sobre seguridad”.

“El Código de Ética que rige la relación de El Universal con sus lectores es nuestra guía en éste y otros casos: no nos gusta, pero tampoco tenemos miedo de aceptar nuestras equivocaciones —y ofrecer disculpas cuando lo amerita—, porque estamos decididos a corregirlas”.

Hasta ahí el caso de El Universal, que seguramente será objeto de estudio en las instituciones académicas. Pero, ¿qué hacer con los mensajes que las organizaciones criminales se envían entre sí o que dirigen a los tres órdenes de gobierno?

Gabriel Zaid, quizá el más lúcido de los ensayistas mexicanos, propone que no. Afirma que los criminales “no tienen derecho a difundir sus comerciales” y que es “inaceptable” que los medios les hagan propaganda gratis.

En su artículo “Propaganda de guerra”, publicado en Reforma el 27 de julio, formula un planteamiento sobre qué hacer en la situación actual. Escribió:

“Las dictaduras no permiten que se publiquen las victorias y mensajes de sus enemigos: únicamente los mensajes triunfales del Estado; que ocultan, naturalmente, los abusos del ejército y la policía. ¿Qué hacer en una democracia? Hay quienes justifican la opacidad de los buenos, para no estorbar su lucha contra los malos. Pero la falta de transparencia facilita que los buenos se vuelvan malos, ya sea porque los infiltren o los sobornen, o porque la práctica del poder impune corrompe hasta a los ángeles”.

“Tampoco se deben ocultar las bajas y bajezas que produce el enemigo. Pero la información no tiene por qué ser visual. Ningún medio que se respete aceptaría dinero de los criminales para hacerles propaganda, y es igualmente inaceptable hacerla gratis. Los narcos, los secuestradores, los mercaderes de la prostitución infantil, los que asesinan, ponen bombas o destruyen oleoductos para llamar la atención a favor de sus negocios, o de sus buenas causas, no tienen derecho a difundir sus comerciales”.

La discusión ética, sin embargo, no parece haber llegado a los editores o a la mesa de redacción de Reforma, que en estos días ha dedicado a dar publicidad gratis a las organizaciones criminales, con la publicación de los mensajes en mantas contra el Estado –al igual que lo han hecho la mayoría de los medios–, de acuerdo con la tesis de Gabriel Zaid.

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