Recientemente ha ido en ascenso el número de casos en los que determinados sectores sociales, especialmente las ONG’s, han recurrido a instancias internacionales para exigir la vigilancia y observación del correcto desenvolvimiento de la CNDH. Es una pena que los mexicanos hayamos tenido que llegar hasta esta situación, pues de entrada, dicha comisión fue creada expresamente para cubrir un requisito esencial sin el cual el TLCAN no hubiese sido firmado, génesis que apunta hacia su condición actual: la CNDH no es un organismo autónomo que vigile el correcto actuar del Poder Ejecutivo (ni mucho menos de los otros dos Poderes), sino que es un elemento más de la administración pública que sólo nos cuesta dinero, sin que por ello realmente se vigile el respeto hacia nuestros “derechos humanos”, denominación que deviene en pleonasmo dentro de la propia Constitución Política si nos ponemos a pensar que las garantías individuales vertidas en ella precisamente atienden a la vigilancia y respeto de los derechos inherentes al ser humano, en su calidad de persona sujeta de derechos y obligaciones como elemento interactivo de una sociedad. Y digo que es una pena que la situación expuesta al principio haya llegado hasta este extremo, porque denota la incompetencia del Poder Judicial de la Federación como uno de los tres poderes en los que se divide el Poder Estadual Mexicano, al demostrar en reiteradas ocasiones su vulnerabilidad hacia la corrupción y la parcialidad que le caracterizan. Visto así el panorama, a los ciudadanos en general sólo nos queda por intervenir en la praxis hacia dos puntos en concreto: Primero, exigir a los elementos integrantes del Poder Judicial de la Federación que realicen su labor eficazmente, esto es, con honestidad, justicia y equidad; y segundo, evitar “lavar los trapos sucios” en el extranjero, puesto que los Organismos Internacionales no son sino una medida coactiva, aunque velada, de las potencias económicas mundiales para ejercer poder sobre un Estado, en detrimento del concepto de la soberanía nacional y la no intervención en asuntos internos de un país; razón por la cual lo único que se ganaría, además de continuar con instituciones jurídicas endebles, sería la pérdida absoluta de nuestra soberanía nacional, vertida en el artículo 39 constitucional.

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